Posteado por: albedipa | octubre 24, 2007

La minera Majaz, la economía, la historia y la sociedad del Perú

Alberto Di Franco Palacios

El profesor Guillermo Pereyra ha publicado un artículo en su página web, titulado Minera Majaz, externalidades, Impuesto Pigou y Teorema de Coase” el 27 de agosto de 2007. El artículo elaborado con la seriedad, la intención pedagógica y el dominio de la técnica y de la tecnología que caracteriza al profesor Pereyra está elaborado en el enfoque de la economía neoclásica y basado en supuestos teóricos de connotados economistas como Arthur Cecil Pigou y Ronald Coase, premio Nobel de Economía 1991 – ”Por su descubrimiento acerca del significado de los costes de transacción y los derechos propiedad para la estructura institucional y funcionamiento de la economía”.

Considero que esta polémica sobre problemas teóricos puede sentar las bases de un cambio en el nivel de las relaciones y las discusiones al interior de la FIECS caracterizadas por la mediocridad, las disputas grupales de poder y la ausencia de discusiones y de producción intelectual relevante en el ámbito académico dentro y fuera de nuestra universidad.

Pero vayamos al grano. Pienso que el artículo del profesor Pereyra, enfocado en la visión neoclásica de la economía adolece a mi juicio de dos ausencias fundamentales: la historia de la minería en el Perú y el pensamiento y la acción – los niveles de conciencia y de organización – de los campesinos piuranos, ahora de Huancabamba y Ayabaca y, hace muy poco, de Tambogrande.

La concepción de externalidad forma parte del bagaje de conceptos y de “leyes” de la teoría económica capitalista neoclásica, hoy predominante en teoría económica, caracterizada por su estrecha visión ahistórica – eso es así, siempre fue así y seguirá siendo así – , con pretensiones de validez universal, sus “leyes” son concebidas como si fueran leyes físicas, con vigencia en cualquier parte del mundo y reduccionista economicista, ya que a pesar de que tienen en cuenta algunos factores no económicos, todos son enmarcados dentro del ángulo reductor de la economía. El artículo considera que las externalidades ambientales negativas, es decir contaminantes, pueden ser tratadas con la teoría de las externalidades de Coase y de su teorema adjunto. Sin entrar en un análisis crítico de la teoría en su conjunto, no me parece adecuado su utilización en este caso por las razones que analizo más abajo.

Es interesante lo que analiza al respecto el conocido físico-matemático Mario Bunge:

Los economistas contemporáneos tienen a evitar el uso de la palabra “ley”, no obstante lo cual ha menudo pretenden que sus supuestos y teoremas encierran una verdad universal: es decir, que los tratan como si fueran enunciados de ley. El teorema que significó un Premio Nobel para Ronald Coase es un ejemplo. Concierne a las “externalidades” o efectos socialmente nocivos de la actividad económica como los riesgos para la salud y la contaminación que habían sido ignorados por los economistas clásicos y neoclásicos, El teorema enuncia que cuando los perpetradores y las víctimas de dichas “externalidades” (deficiencias) son claramente identificables, pueden llegar espontáneamente a un acuerdo por el cual los primeros compensan a sus víctimas por el daño cometido. En pocas palabras, en un mundo donde todo tiene precio, los derechos de propiedad bastarían para garantizar la racionalidad social. Corolario: la intervención gubernamental es innecesaria para abordar las externalidades.

Este teorema regocija a los enemigos del control gubernamental. Pero sólo es válido en casos simples, a saber cuando las partes y sus derechos de propiedad son claramente identificables y los daños pueden ser valorados como cuando la cabra del vecino deambula por mi huerta y devora una cantidad conocida de repollos. Es inaplicable, en cambio en los casos de contaminación industrial masiva con sus costos sanitarios, agotamiento de recursos no renovables y desocupación tecnológica efectos concomitantes pero imperfectamente conocidos. (Peor, el teorema justifica vender el derecho a contaminar y dañar cualquier bien público en la medida que “el precio sea justo”. Lo cual es una manera de transformar en mercancía y privatizar los bienes y males públicos), En dichos casos, el ciudadano interesado puede dar la voz de alarma, pero sólo la intervención gubernamental es capaz de proteger los bienes públicos y, consecuentemente, el interés público.” En suma la deducción de Coase es válida, pero como falla en las situaciones serias de la vida real, alguna de sus premisas (en particular el postulado de la mercantilización universal) deben ser falsas. Se ha hecho famosa porque en general se le atribuye haber demostrado que las consecuencias antisociales de la propiedad privada pueden evitarse con la expansión y no con la reducción del alcance de los derechos de propiedad, y la limitación del papel del gobierno a la protección de éstos. En otras palabras se la utiliza como un sostén ideológico y no como una ley científica. 1

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El nombre externalidad puede llevar a la conclusión que la contaminación es un efecto exterior a la producción, cuando en realidad es endógena, intrínseca a la misma. Existe una larga tradición – la “herencia colonial de 400 años – de los terribles perjuicios que esta forma predatoria y puramente extractiva que van desde la explotación más inicua de los campesinos-obreros que trabajan en las mismas, de la expropiación ilegítima de las tierras de las comunidades hasta la contaminación y la depredación ambiental. Se puede afirmar que no existe ninguna población en torno de las minas, tanto en el Perú como en Bolivia que hayan mejorado su calidad de vida gracias a la minería. Desde las poblaciones en torno al famoso cerro de Potosí en Bolivia desde el siglo XVII, principal abastecedor de plata de la corona española hasta las minas de azogue de Huancavelica, todas ellas vivieron y viven hoy en medio de la miseria más envilecedora. Con la llamada minería “moderna”, por lo menos hasta ahora, no ha cambiado mucho el panorama.

Un sola muestra ilustra lo que decimos: la Oroya, viejo asentamiento minero 2 hoy explotado por la empresa norteamericana Doe-Run es un ejemplo extremo de lo que ha sido la explotación minera en el Perú. La Oroya es hoy la ciudad más contaminada del mundo: sus habitantes están infectados no sólo con plomo, sino también con cadmio, arsénico, dióxido de sulfuro – en niveles 300 veces mayores a los límites permitidos por la OMS – y por otras emisiones gaseosas y de material particulado que contienen altos contenidos de metales pesados y sustancias tóxicas –que salen por las chimeneas -, que van a la atmósfera y efluentes líquidos que contaminan al río Mantaro. 3

Quien visita la Oroya se encuentra con un espectáculo realmente desolador, propio de un paisaje lunar: no se observa una sola hoja de árbol y las montañas que la rodean no tienen una brizna de vegetación. Esto no es un producto natural o de una falla geológica sino la natural forma predatoria con que Doe-Run la empresa que la explota y, en general la forma como las empresas mineras lo han hecho en el Perú. 4 No es una externalidad a su forma de producir sino que es intrínseca, endógena a la misma. Eso no se arregla con una pacífica transacción mercantil privada entre las partes, como ilusoriamente se propone en el mencionado artículo del prof. Pereyra sino, como lo demuestra la experiencia histórica, en el Perú y el mundo, por una larga lucha de las poblaciones sujetas a contaminación contra las empresas contaminadoras. Ahí está la experiencia piurana de Tambogrande sobre la cual volveremos. 5

La contaminación de la población de la Oroya adquiere características trágicas. Un estudio analizó que niños y niñas menores de 6 años que vivían en La Oroya Antigua y estableció que el 99.9% (es decir 787 niños y niñas de los 788 examinados) tenían niveles de plomo por encima del límite máximo recomendado. 6 Según este primer informe científico realizado en el año 1999, el nivel promedio de plomo en sangre del total de muestras tomadas en infantes de 2 a 10 años fue de 33.6 mg/dL, estableciéndose, asimismo, que el 99.1% de los niños y niñas analizados, sobrepasó el límite de 10 mg/dL fijado por el CDC (en inglés Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU.) como el nivel seguro. Se conoce que estos altos niveles de plomo tienen impacto en su conducta y aprendizaje. Algunos de los daños previsibles en la población expuesta a estas sustancias en el ambiente incluyen: deterioro irreversible del sistema respiratorio, cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo, daños a órganos vitales, anemia, enfermedades de los huesos, enfermedades cardiovasculares, y problemas neurológicos.

El impacto del plomo sobre el desarrollo intelectual y físico de los niños menores de 10 años es particularmente preocupante. 7 Incluso con niveles de exposición pequeños, el plomo puede impactar el desarrollo mental y físico de los niños, causando la reducción en el coeficiente intelectual y cambios en la actividad cerebral que pueden presentarse. 8 Las deficiencias en aptitudes cognitivas y académicas por la exposición al plomo en niños y niñas, han sido demostradas incluso en niveles de plomo en sangre menores a 5 mg/Dl. 9 Cada 10 mg/dL de aumento de plomo en sangre está asociado con una reducción de 4.6 en el coeficiente intelectual. 10 Además, el plomo y sus derivados han sido clasificados como sustancias “con probabilidades razonables de ser un cancerígeno para el ser humano”. 11

El dióxido de azufre (SO2) también aumenta la mortalidad, especialmente cuando está presente junto con niveles elevados de materiales particulados, como ocurre en La Oroya. Los grupos más susceptibles a los efectos del dióxido de azufre son los asmáticos, debido a que sus vías respiratorias son más estrechas que las de otras personas, así como las personas con enfermedades cardiovasculares. Los niños y los ancianos son también grupos muy vulnerables al dióxido de azufre. 12 Altas concentraciones atmosféricas de SO2 aún por períodos cortos, están correlacionadas con mortalidad prematura, enfermedad respiratoria crónica mayores ingresos en los hospitales, agravamiento de síntomas de asma, mayor número de días de actividad. restringida y síntomas respiratorios agudos. 13

En el plano jurídico y constitucional todos estos daños descritos constituyen atentados contra los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño y en el Protocolo de San Salvador, por lo cual implican la responsabilidad del Estado Peruano. Este derecho está consagrado en el artículo 4º de la Convención, y en el artículo 2.1 de la Constitución Política del Perú (1993) e implica la posibilidad de existir, así como el derecho a vivir dignamente.

Por supuesto que tanto a Doe.Run como a los campesinos de entorno a la mina no se les ocurrió nunca utilizar el Teorema de Coase ni la teoría de las externalidades para resolver sus problemas ambientales de la Oroya. La empresa, por el contrario ha resistido durante mucho tiempo la aplicación del PAMA, con la vista gorda y/o la complicidad del Ministerio de Energía y Minas. Además se tienen evidencias del chantaje ejercido sobre la dirección sindical de la empresa para obligarla a aceptar su comportamiento criminal. En distintos niveles y modalidades las otras grandes empresas mineras – Yanacocha, Antamina, Pierina, Majaz, etc. – actúan de la misma manera.

Por otro lado hasta ahora el Estado Peruano no ha tomado acciones concretas ni suficientes para remediar la situación, lo cual implica que las amenazas a la salud y a la vida descritas en la presente petición siguen siendo sumamente preocupantes.

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Los efectos del plomo en la salud de los niños y adultos. Figura adaptada de: ”Estudio de Plomo en Sangre en Poblaciones Seleccionadas de Lima y el Callao, “Environmental Health Project (EHP-USAID) – Hernández-Avila M. (1999) Activity Report No. 72.

Por el contrario, una de las mineras modernas más grande, Yanacocha contrata los servicios de empresas privadas de seguridad, tales como “Forza”, constituida por ex miembros de la policía o de las fuerzas armadas, para realizar operativos de reglaje e intimidación contra activistas ecologistas de ONGs y/o defensores de las comunidades campesinas, tales como el padre Arana. El diario “La República” ha hecho público, en forma documentada, esta desvergonzada actividad, que pone al desnudo la verdadera naturaleza de la tan preconizada, pero falaz “responsabilidad social de las empresas”.

Creo que es imposible abordar problemas de la minería, aún en un caso particular como el de la minera Majaz, sin analizar el trasfondo histórico del comportamiento actual de las comunidades agrupadas en torno a las explotaciones mineras que es, en general, de rechazo a un tipo de utilización de los recursos que deja de lado los intereses ancestrales agrícola-ganaderos de éstas, sus hábitos y costumbres, que los despoja miserablemente de sus tierras pagando un precio ínfimo por las mismas, su desprecio por el medio ambiente que termina alterando los equilibrios ecológicos, en los hechos contaminando las tierras y sus fuentes de agua, infectando los pastos y el forraje de los animales, alterando su crecimiento, desforestando y dejando enormes pasivos ambientales de cuencas hídricas y napas freáticas contaminadas o desaparecidas, tierras arrasadas sin vestigios de vegetación, como en la Oroya, enormes hoyos a modo de cráteres lunares, como en Cerro de Pasco, etc. Esa es la realidad de la minería. Ésta no se puede evaluar por medio de cifras macroeconómicas que muestran su enorme crecimiento y el de las divisas para el país, pero que no dan cuenta lo que después muestran los hechos sociales: en la minera Casapalca sólo una minoría de obreros estaba en planilla. La enorme mayoría son contratados, que viven en condiciones misérrimas muy poco diferentes a las de la colonia, reciben salarios mensuales de S./ 350, menores al salario mínimo y trabajan jornadas de doce horas o más, sin cobrar horas extraordinarias. Hasta ese momento ni el gobierno ni el Ministerio de Energía y Minas habían intervenido para, como mínimo hacer respetar las leyes laborales vigentes, pero que no se cumplen. Pienso que estos problemas no se pueden resolver apelando a criterios puramente cuantitativos como el costo de oportunidad o a las comparaciones entre el valor presente neto de la actividad agrícola y el valor presente neto de la actividad minera o de asignación de recursos en forma ineficiente o de óptimo social o convencerlos de una actividad alternativa más rentable a la que hoy tienen o planteándoles la aceptación internalización de la externalidad , o con la intervención del estado mediante soluciones de mercado – a través de impuestos pigouvianos, o autoritariamente con soluciones fuera del mercado prohibiendo o regulando la actividad. La solución a través del llamado Teorema de Coase 14, o del acuerdo privado entre las partes que tienen derechos de propiedad perfectamente asignados, nos parece ilusoria porque, como deja entrever el autor los 80 millones de dólares no serian suficientes para compensar las externalidades negativas. En efecto, si se efectuara una evaluación correcta de todos los daños ambientales, que incluyen los daños a la salud de los seres humanos, a la alteración de sus hábitos y costumbres, al entramado psico-social que han construido las comunidades, a la destrucción de los escenarios paisajísticos, de la flora y fauna y a la obligación contractual de una inversión social en infraestructura vial, de escuelas, hospitales el monto final sería mucho mayor. Sería entonces una explotación humana y ambientalmente sostenible, responsable. Sería la única manera de permitir la explotación minera, hasta el momento que la humanidad encuentra modelos de desarrollo que excluyan la actividad puramente extractiva de los recursos naturales y eliminemos la utilización suntuaria del oro como metal “precioso” y se extienda y perfeccione la utilización de energías alternativas no contaminantes.

“Es necesario partir de la base que no hay hechos o acontecimientos puramente económicos, sino más bien socio-económicos, biológicos y ambientales y que para estudiarlos, conocerlos, interpretarlos y actuar para resolverlos es necesario hacerlo con un enfoque integral, holístico, que rebasa largamente la mirada unidimensionl del economista. Hay que traspasar los límites que separan a las diferentes ciencias naturales de la economía, rompiendo la compartimentación de los saberes, e integrarlos en un nuevo enfoque enriquecedor la Economía Ecológica.”15

La complejidad, según Edgard Morin, a quien, la UNMSM le otorgó el 25 de junio de 2007, el Grado de Doctor Honoris Causa, en mérito a su trayectoria intelectual y aporte a la educación. 16 Nos dejó como mensaje que es necesario pasar de la Economía de la unidimensionalidad a la transdisciplinariedad, pasar de una economía de la «extracción» o «adquisición» de recursos no renovables (combustibles fósiles, minerales,…) a una economía de la «producción» apoyada básicamente en recursos renovables (biomasa agrícola, forestal,…), refutando la hipótesis de un supuesto desarrollo económico “desmaterializado”.La relación de la economía y la ecología y el ambiente es todavía una cuenta pendiente, no resuelta todavía por aquella. La factura que la naturaleza le pasa a la humanidad, con el llamada calentamiento global es el resultado final de una actividad económica y de una teoría que la secunda, que es la neoclásica, que ignora a los seres humanos y a la naturaleza.

Dice Albert Einstein al respecto:

“La tradición histórica es, por así decirlo, de ayer; en ningún lugar hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen llamó la fase predatoria del desarrollo humano. Los hechos económicos perceptibles pertenecen a aquella fase e incluso las leyes que podemos obtener de ellos no se aplican a otras fases. Ya que el propósito del socialismo es precisamente superar y avanzar más allá de la fase predatoria del desarrollo humano, la ciencia económica en su estado actual puede arrojar muy poca luz sobre la sociedad socialista del futuro.” 17

La minería en la historia del Perú

Adolfo Figueroa, uno de los grandes maestros de la economía en el Perú, en la Introducción de su libro “La Sociedad Sigma: Una teoría del Desarrollo Económico”, plantea que: “En el proceso de desarrollo económico de los países, las condiciones iniciales son importantes; es decir, la historia cuenta”. (la negrita es nuestra) 18

El recuerdo de la explotación minera en el Perú se remonta a la época colonial y la nefasta recordación para la población indígena de las famosas minas de Potosí de los siglos XVI, XVII y XVIII. En la recordación de los pueblos del otrora Virreinato del Perú está inscrita en la memoria colectiva a la minería como una historia de explotación abominable, de sufrimientos indecibles, de discriminación y exclusión racial.

Tomar en cuenta a la historia cuenta significa que el análisis económico y las medidas de política económica no deben ignorar el peso de las estructuras socio-económicas, entre ellos el legado, la herencia colonial, las estructuras precapitalistas.

En relación con esto en una reunión del 10 de agosto del 2007 realizada en Tamborapa, pueblo del distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio, ubicada a 50 km. de la línea fronteriza con Ecuador de alcaldes y sociedad civil de San Ignacio, Jaén y Huancabamba, el alcalde de Tambogrande Francisco Ojeda Riofrío manifestó:

“Bolivia tiene cientos de años de explotación minera y es el país más pobre de América Latina, al igual que todas las localidades del país en donde operan las mineras más importantes. Allí están Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín y Talara que a pesar de tener cientos de años de explotación minera son los más pobres de Perú”.“Huancavelica es el departamento más pobre del país. Cajamarca hace diez años, antes del ingreso de Yanacocha, ocupaba el cuarto lugar de pobreza del país. Ahora está en segundo lugar mientras unos pocos mineros disfrutan de las riquezas generadas”.“¿Dónde está el desarrollo que dicen traer las mineras?, ¿dónde está el desarrollo que dicen traer a las comunidades?. Sí generan algo que se puede llamar desarrollo pero para el bolsillo de ellos, para las autoridades con las que coimean, para todo aquel que permite coimear con ellos”, enfatizó el alcalde tambograndino. (Ver AQUÍ)

“Las empresas mineras proponen que esta discusión se dé en el marco del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, el proceso de los EIA mineros no goza de mucha credibilidad en el Perú: la calidad de muchos estudios ha sido cuestionada, los mecanismos no permiten una participación ciudadana oportuna e informada y en más de una década ningún proyecto minero de mediana o gran envergadura ha sido desaprobado por nuestras autoridades. Si bien las leyes tienen que ser respetadas, los conflictos parecen indicarnos que existe la necesidad de revisar y perfeccionar los mecanismos de evaluación de proyectos mineros; más aún en ecosistemas como el descrito”. (Ver AQUÍ )

El caso Tambogrande

A continuación transcribo una parte de mi tesina del curso de Filosofía Política, del doctorado en Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, que tuvo como profesor al Dr. Raymundo Prado Redondez, agosto de 2002.

“El caso de Tambogrande, a 85 km de Piura, ha sido una situación paradigmática de contradicción entre lo global y lo local. Como es sabido, en 1998 el gobierno de Fujimori, gracias a un decreto, el D.S. 014-99-EM gobierno peruano autorizó a la empresa Manhattan Minerals Corp. a adquirir derechos mineros en Tambogrande, en un área de 10.000 hectáreas, para una explotación polimetálica, oro y cobre, a cielo abierto.

La Municipalidad de Tambogrande no fue consultada sobre la viabilidad de la exploración minera. Parte de los territorios que el Decreto Supremo 014-99-EM autoriza a adquirir a la empresa Manhattan Minerals Corp. se encuentran bajo la zona urbana y de expansión urbana de Tambogrande. Esta autorización contraviene a la ley 27015 (vigente al momento de otorgarse la concesión) que establece que no se otorgarán títulos de concesión minera, ni se admitirán solicitudes de petitorios mineros en áreas urbanas calificadas por ordenanza municipal.

Las comunidades de agricultores de Tambogrande, en el valle de San Lorenzo, departamento de Piura, verían afectados sus cultivos agrícolas, especialmente de limón peruano o limón sutil – reconocido como de propiedades inigualables -, 57% de la producción nacional, mangos (90% de las exportaciones), naranjas paltas, tamarindos y otros cultivos.

La minería y muy especialmente la realizada a cielo abierto, puede ocupar y destruir amplias extensiones de terreno. Durante los últimos decenios gran parte de la exploración minera ha afectado a los ecosistemas forestales y representa la segunda amenaza principal (después de la explotación forestal comercial) para los bosques primarios a escala mundial. Los bosques no sólo son eliminados para dejar paso a las actividades mineras sino que para su construcción y para proveerlas de energía las minas emplean grandes cantidades de madera de los bosques circundantes. Al igual que el resto del ambiente el bosque también puede sufrir “la muerte” cuando se ve expuesto a los contaminantes tóxicos, a la lluvia ácida de las instalaciones de tratamiento y a la asfixia por el polvo de las plantas procesadoras. Los bosques de algarrobales de Tambogrande aportan más del 50 % del ingreso a los habitantes de la zona.

Pero los tambograndinos también supieron aprovechar los aspectos positivos que ofrece la globalización, consultando a Oxfam, Mineral Police Center y Mining Watch Canada – tres entidades internacionales expertas en minería sustentable y de personajes como Bob Moran, experto norteamericano en hidrogeología, geoquímica y calidad de aguas, que estuvo en el mes de mayo del 2001 en este distrito piurano estudiando el caso de la minera Manhattan, expresó: “El de Tambogrande es tal vez un caso único en el mundo, nunca he visto una explotación minera dentro de un valle fértil”.

Añadió: “Durante mis 30 años de experiencia nunca he visto convivir agricultura y minería, y a pesar de la tecnología moderna siempre hay contaminación” “En todo el tiempo que vengo investigando nunca he visto el caso de una convivencia perfecta entre agricultura y minería. Cuando se construye un tajo abierto las rocas se exponen al aire y los elementos que contiene forman ácidos (arsénico, cadmio, mercurio, sulfuro). Eso es una reacción natural. Con un tajo grande hay una exposición de la roca también al agua, puede haber filtración al agua subterránea porque el río está muy cerca, así podría afectar su calidad” 19

Durante todo este tiempo las comunidades se han organizado para oponerse a este proyecto en la convicción de que tendrá gravísimas repercusiones sociales y ambientales. La explotación minera es una actividad fundamentalmente no sustentable, ya que se basa en la extracción de concentraciones de minerales no renovables creadas durante millones de años. Una vez extraídos, los minerales no se pueden reponer, y el trastorno causado al medio ambiente produce un cambio y un daño permanente.

Una de las organizaciones más activas en contra de la explotación minera de la transnacional canadiense, el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande, ha dialogado en diversas oportunidades con representantes del Estado Peruano, de la Empresa Minera Manhattan Sechura, con diversas autoridades y personalidades del país y del mundo, haciéndoles saber su preocupación por el impacto social y ambiental de una posible explotación minera en Tambogrande.

Durante este período también los miembros de dicha organización y sus familiares han sido víctimas de varios atentados, secuestros y amenazas de muerte. Las autoridades no han podido esclarecer aún, luego de un año, el asesinato de uno de los líderes ecologistas opositores al proyecto, el asesor técnico del Frente, Ing. Godofredo García Baca.

El 28 de febrero la población de Tambogrande destruyó las instalaciones de la Manhattan en Tambogrande. Los Ministerios de Agricultura y Energía y Minas, y algunas instituciones representativas del valle de San Lorenzo han tenido una posición favorable a la empresa y en contra de los agricultores del valle. Los hermanos Quijandría, titulares de los respectivos ministerios de Agricultura y Energía y Minas, representantes del Estado consideraron a la explotación como un tema de carácter nacional, de inversión minera nacional, fuera del ámbito de las decisiones locales. Concretamente se pusieron del lado de la empresa transnacional, expresión del mundo globalizado, contra los agricultores, ciudadanos locales que quieren decidir sobre el futuro del valle y de sus vidas.

Con respecto al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, rechazado por los tambograndinos, hay que tener en cuenta que Carlos Soldi, uno de los integrantes del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) fue objetado do por éstos por ser uno de los oficiales de Klohn Crippen – SVS, la cuestionada consultora del ELBA (o Estudio de Línea Base) que fue criticado por todos los que conocen San Lorenzo, en especial por Godofredo García Baca, en julio del año pasado. Cuando éste fue asesinado el 31 de marzo pasado, su hijo, Ulises García Pérez, denunció varias veces la existencia de “terceros” que podrían estar ligados a la controversia.

Es necesario constatar que los agricultores tambograndinos contaron con el apoyo de la Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes. Las comunidades locales, apoyadas por organizaciones internacionales, lograron que el domingo 2 de junio del 2002 se llevara a cabo una consulta vecinal convocada por la Municipalidad Distrital para que la población se pronunciara respecto a la explotación minera. La oposición fue contundente. Aunque la consulta era voluntaria, hubo un altísimo grado de participación, mayor aun que en las elecciones nacionales: el 74% de los tambograndinos participó en ella. De los votantes, el 98.05% señaló su oposición al proyecto minero.

A pesar de que al acto eleccionario concurrieron observadores peruanos, italianos, suizos, canadienses, alemanes y estadounidenses que constataron que la población participó libremente y sin coacción, los partidarios de la explotación han afirmado que la consulta vecinal era una acción ilegal. sin que se pudiera explicar qué norma se estaba vulnerando, dado que la Municipalidad siempre manifestó que la consulta era voluntaria y que los resultados no eran vinculantes. Se pretendió señalar que la población no estaba adecuadamente informada para poder dar su voto, pero tanto la Manhattan como el Frente de Defensa de los Intereses de Tambogrande hicieron amplia propaganda. Inclusive el Arzobispo consiguió que los representantes de ambas posiciones las expusieran a los laicos de la zona. De esta forma, la población tuvo conocimiento de los argumentos a favor y en contra de la explotación minera.

Igualmente, se señalaba que la población debió haber esperado el Estudio de Impacto Ambiental para pronunciarse. Sin embargo, el mecanismo de participación previsto, las audiencias públicas, no permiten que la población opine si está a favor o no del proyecto, sino sólo modificaciones secundarias. Lo que este caso pone en evidencia es que el espacio para la participación de la población en la decisión sobre proyectos de desarrollo es todavía más que deficiente. Es decir, lo local, ámbito donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas, es dejado al margen de decidir sobre su propio destino que queda en manos, violentando incluso las normas y la constitución nacional, de las autoridades nacionales coludidas con la empresa transnacional. Jordi Borja y Manuel Castells en la obra citada 20 plantean que en la actualidad “lo global condiciona lo local”. En este caso esta aserción se cumple, pero en desventaja para los ciudadanos locales.

En el plano político esta intromisión de lo global se extienden en América a través de las intervenciones prepotentes del gobierno norteamericano, tales como las del embajador de los Estados Unidos en Bolivia en la elecciones, llamando a no votar por uno de los candidatos, Evo Morales, dirigente de los campesinos cocaleros y del partido Movimiento al Socialismo; y la conspiración del mundo de las grandes finanzas, de las grandes empresas transnacionales, de los formadores de opinión de ese índice macabro que es el riesgo país, contra el candidato Lula en Brasil.

La decisión de los habitantes de Tambo Grande, en Piura de realizar un referéndum que, aunque legalmente no vinculante para los planes de explotación de la transnacional Manhattan, tiene un enorme significado ético y político porque muestra el camino para reafirmar la voluntad de los actores locales para construir su propio destino, de oponerse y resistirse a los designios de devastación ecológica y social, a la avidez y codicia de la transnacional, a la prepotencia impersonal de lo global.”

Afortunadamente, en el 2003, aislada y sin financiamiento, Manhattan tuvo que retirarse del país y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Perú, mientras los mangos adquieren cada vez más renombre en el mercado internacional. Los tambograndinos, apoyados en la democracia participativa triunfaron.

El caso Majaz

En el caso Majaz se puede repetir, a pesar de los esfuerzos de la minera por dividir a los comuneros de la zona, en un nuevo Tambrogrande. Evidentemente, personalmente apoyo esta salida. Existe un informe coordinado por el Perú Support Group, una organización con sede en el Reino Unido, sobre “Minería y Desarrollo en el Perú con especial referencia al proyecto Río Blanco en Piura”, quien auspició una reunión en el Palacio Westminster (Parlamento británico) en marzo de 2006. Ver: AQUÍ (consultada por última vez el 2/09/07)

Entre otros el informe analiza que:

“Esto significa que los efectos potenciales de Río Blanco en el ambiente y el desarrollo no pueden ser analizados independientemente del impacto de este distrito minero más amplio. Estos temas son particularmente importantes para Piura debido a tres razones principales. En primer lugar, las necesidades de inversión pública sobrepasan largamente los ingresos del gobierno regional, brecha que podría reducirse con los ingresos por impuestos y regalías de la minería. En segundo lugar, buena parte del territorio de Piura está constituido por tierras desérticas o semi desérticas, y su agricultura depende mucho de la cantidad y calidad del agua proveniente de la sierra de la región, donde se ubica el proyecto Río Blanco. La actividad agrícola ha empezado a crecer rápidamente, y existen tanto grandes empresas como pequeñas y medianas organizaciones de agricultores que proveen al mercado interno y al mercado externo. Es probable que este crecimiento sea afectado por una reducción en la cantidad y calidad del agua (la negrita y el subrayado son nuestros) Incluso entre los entrevistados que no se oponen al desarrollo minero, la delegación recogió la opinión de que la minería debe ser planificada junto con el manejo y desarrollo de los recursos hídricos, y que esto requiere un tipo de análisis y planeamiento estratégico que el procedimiento actual para la aprobación de proyectos mineros no permite. En tercer lugar, Piura ha sido ya escenario de un conflicto que concitó mucho la atención y que llevó al retiro del distrito de Tambogrande de la compañía canadiense Manhattan.

El informe agrega:

“…en lo que respecta al ambiente, el impacto de la mina tal como está diseñada actualmente podría ser manejable, si bien para asegurarse de ello se requeriría una evaluación de impacto ambiental conducida con los más altos estándares y un monitoreo independiente. Nuestras principales preocupaciones se relacionan con las repercusiones probables del proyecto. Las presentaciones de la compañía enmarcan el proyecto dentro de un “distrito minero” mucho más amplio; y otras concesiones que están siendo autorizadas en áreas adyacentes al proyecto. De ser así, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la evaluación del impacto ambiental del proyecto debe incluir estos efectos más amplios”

“Existen evidencias de que la compañía no contaba con el permiso legal correspondiente de las comunidades de Yanta, Segunda y Cajas para operar en sus tierras. Existen también evidencias de que las comunidades se retractaron en relación al permiso escrito que podría haber sido otorgado ilegalmente por sus líderes. La Defensoría del Pueblo concluyó que la presencia de la Minera Majaz en esas tierras comunales no está fundamentada legalmente.”[……] “El Informe de la Defensoría del Pueblo emitido en noviembre concluye que el caso muestra deficiencias crónicas en relación al gobierno y regulación de la exploración minera en el Perú. Sostiene que estas deficiencias socavan derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, particularmente de los pobres en áreas rurales cuyos derechos son ya vulnerables. La Defensoría del Pueblo concluye que la implementación del proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros, sus derechos para determinar de qué modo será utilizado su propiedad y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Concluye también que estas violaciones a sus derechos derivan de la falta de claridad de las regulaciones y prácticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y que éste habría tenido conocimiento de que se estaba violando estos derechos a partir de la información que Minera Majaz le proporcionó en el momento que le dio luz verde para empezar la exploración a gran escala. El caso se ha vuelto emblemático de profundas deficiencias del MEM y de la incapacidad de las poblaciones locales para hacer algo al respecto. La delegación concluye también que este caso muestra –dramáticamente— cómo la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado completamente a las poblaciones locales. Esto resulta peligroso en el Perú y ayuda a explicar porqué los grupos locales optan por la acción directa y cómo surge la violencia en torno a conflictos mineros.”

“Quienes sostienen que la minería es la vía para el desarrollo económico local apelan a tres cadenas causales principales. La primera opera a través de los efectos multiplicadores de la minería en el mercado laboral y en el mercado productivo. La experiencia peruana lleva a pensar que esta cadena causal es relativamente ineficaz para promover el desarrollo local. La segunda cadena opera explícitamente a través del programa de desarrollo social que promueve Minera Majaz. Aquí el argumento es que este programa, al apoyar los sistemas empresariales y de producción locales, aumentará los ingresos y el empleo locales. Actualmente el programa no parece muy diferente a otros programas de desarrollo rural y comunitario que han tenido efectos desalentadores sobre la dimensión económica de la pobreza en los Andes, como ahora es ampliamente reconocido. La tercera cadena causal es la menos directa, pero es de la que más se habla, y opera a través del canon minero. Aquí el supuesto es que las minas pagarán impuestos y regalías que las autoridades locales utilizarán para invertir en desarrollo. Sin embargo, actualmente las capacidades de estas autoridades son sumamente restringidas y la legislación obstaculiza que estos recursos se traduzcan en desarrollo. Además, las tasas de las regalías parecen ser bajas respecto a los estándares internacionales.”

“La República” del domingo 2 de septiembre 2007, como si se repitiera lo sucedido en Tambo Grande, nos informa que los dirigentes de 30.000 comuneros de las localidades de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera afirman que no cederán a las presiones del Jurado Nacional de Elecciones que denunció a los alcaldes por presunta usurpación de funciones y que tienen todo listo para la realización de la Consulta Vecinal del 16 de septiembre. Su decisión está respaldada por los respectivos comuneros.

El mismo periódico y en la misma fecha publica una solicitada del “Frente por el desarrollo sostenible de la Frontera Norte del Perú” que respalda la consulta del 16 de septiembre, denuncia la campaña pública de amedrentamiento del gobierno nacional con la Minera Majaz S.A. y finalmente plantea que “resulta contradictorio que el gobierno nacional denuncie la supuesta ilegalidad de la consulta vecinal y no haya mecanismo alguno frente a la presencia ilegal de la empresa Minera Majaz

Para terminar: creemos que el camino escogido por las mencionadas comunidades es el correcto. Creemos que esta polémica con profesor Guillermo Pareyra será útil para las prácticas y el acervo académico de la facultad.

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